/INFILTRACIÓN Y ARMADO DE CAUSAS CONTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE JUJUY

INFILTRACIÓN Y ARMADO DE CAUSAS CONTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE JUJUY

Un nuevo capítulo del controvertido accionar de la justicia de Jujuy se está escribiendo respecto a las persecuciones a opositores políticos y referentes sociales de la provincia. Esta vez toda la estructura judicial y policial apuntó a la organización AJI 20; con la infiltración, espionaje ilegal y la imputación por una causa insólitamente armada en contra de sus docentes y dirigentes.

“Todo se destapó cuando decidimos como espacio social, participar por primera vez en elecciones 2021. Pero es probable que nos hayan infiltrado mucho antes”, afirman desde la organización, con sede y trabajos en el sur de San Salvador de Jujuy.

 AJI 20 es una agrupación política nacida al calor de las luchas en los años 90, y que tiene en ATD (Asamblea Trabajo y Dignidad) su brazo de trabajo social y territorial que sostiene 10 comedores, 60 merenderos, decenas de huertas familiares, ocho huertas comunitarias, una granja educativa, una escuela artística y escuela de deporte social en siete localidades de la provincia de Jujuy. Además, tiene en la Biblioteca Niños Pájaros y otras cinco bibliotecas populares, su extensión cultural y educativa; y en Radio Pueblo, una emisora FM que sirve de difusión y donde se forman comunicadores populares.   

Causa penal. Causa armada.

A mediados de junio del 2021, aparecieron en algunas calles céntricas de San Salvador unos grafitis anónimos hechos con la técnica esténcil donde aparecía la cara del gobernador Gerardo Morales y un texto: “aparición sin vida”.

El jueves 24 de junio, a dirigentes del AJI 20 les llegó la información que desde la Casa de Gobierno estaban buscando relacionar a la agrupación en la autoría de la pintada. El viernes 25, es detenido por la policía un joven, acusado de estar involucrado en el hecho investigado. A través de maltratos físicos y torturas psicológicas instaban al joven a confirmar la participación del AJI 20 y la Biblioteca Niños Pájaros en la autoría del grafiti. Pese a todo la policía no logró su cometido y liberó al joven, sin ninguna vinculación con AJI 20, al día siguiente.

El lunes 28 de junio de 2021, un día después de las elecciones legislativas provinciales, personas del entorno familiar del joven detenido advierten a miembros del AJI 20 sobre lo acontecido y sobre las intenciones de la policía.

Es así que el martes 27, llegan notificaciones judiciales para dos educadoras comunitarias de la Biblioteca Niños Pájaros, que a su vez habían sido candidatas por la lista 251 en el partido MCP-AJI20.

El martes 29, Ana Julia Ramos y Marisol Velásquez, se presentan en la fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, presidido por Sergio Lello Sánchez; y allí se enteran de una imputación penal promovida por el fiscal Diego Funes con el argumento que habían sido indicadas por la investigación policial como autores de pintadas callejeras donde amenazaban al gobernador Gerardo Morales. 

Además de los habituales tratos denigrantes hacia ambas docentes y dirigentes imputadas; tanto la policía como la fiscalía conducida por Funes, puso innumerables trabas para que el abogado de las acusadas pueda tener acceso al expediente. Recién en septiembre, dos meses después de la imputación, el letrado pudo conocer los argumentos de la acusación.

Al conocer el expediente, abogado y referentes se dieron con el “fundamento” de la acusación sobre Ramos y Velásquez: “las únicas pruebas de esta burda imputación son capturas de pantalla de redes sociales de integrantes de AJI 20, conclusiones arbitrarias sobre ciertos ‘parecidos’ físicos a partir del análisis de diversos rostros en videos o fotos donde las personas están con barbijos, y las insólitas relaciones hechas por la policía entre comentarios y actividades personales propias de una red social”, afirman desde AJI 20.

Después de casi un año de una imputación grosera e inexplicable y de marchas por pedido de sobreseimientos de Ana Julia y Marisol; la agrupación AJI 20 decidió exponer ante los medios y la sociedad las pruebas de una causa judicial que consideran injusta y disciplinante, además de hacer el anuncio de una marcha que realizarán en próximos días hacia Buenos Aires donde denunciarán el hostigamiento y persecución.

En la mañana del lunes 16 de mayo a horas 9, se realizará una rueda de prensa en el MPA (Ministerio Público de la Acusación) donde se exhibirán las insólitas pruebas del expediente que dio fundamento a un año de imputación de las dos docentes de la Biblioteca Niños Pájaros.

El antecedente: infiltración y espionaje.

“Radio Pueblo desde 2010 es un espacio comunitario en Alto Comedero donde buscamos enfrentar las desigualdades de acceso al derecho a la comunicación y las dificultades del ejercicio democrático de la libertad de expresión en una provincia caracterizada por la monopolización de los medios de comunicación”, expresan sus referentes. Y justamente ese fue el espacio donde desde 2018 la policía provincial decide infiltrar entre sus comunicadores a un agente de inteligencia policial.

“Ezequiel Rosales llegó a ser un periodista popular de nuestro medio, contaba con un rol importante que es la tarea de corresponsal barrial manteniendo una comunicación activa con los diferentes sectores populares en lucha como organizaciones sociales, sindicatos y gremios de Jujuy”, manifiestan de Radio Pueblo. 

Rosales, es descubierto por la información de un vecino que advierte sobre la situación en noviembre del 2021. A partir de ahí la radio y todo el espacio político y social se puso en alerta y empezó a relacionar varios hechos previos que iban confirmando el dato sobre su pertenencia a las fuerzas policiales.

“Ezequiel nos dio datos falsos sobre su identidad al momento de hacer las credenciales para la radio. A pesar de decir que su trabajo era ayudar a su familia en puesto en la feria de Alto Comedero, nunca quiso acceder a un salario formal y en octubre del 2021 fue apartado del espacio hasta que se investigue una denuncia por violencia de género”, afirman desde Radio Pueblo.

Pero el dato contundente e inequívoco fue la información chequeada en el boletín oficial de la provincia donde lo reconocían como agente policial y solicitaban el pago retroactivo por sus servicios desde 2015. El mismo año en que asumió como ministro de seguridad, el actual juez del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer; y Gerardo Morales como gobernador de Jujuy.